La iniciativa regional presenta tres nuevos informes nacionales sobre el estado de la agricultura familiar en Colombia, Perú y Guatemala
¿Qué ha pasado con los compromisos adquiridos por los estados frente a la implementación del decenio de la agricultura familiar en Colombia, Perú y Guatemala?
Los informes nacionales elaborados hasta el momento por diferentes miembros de la iniciativa de agricultura familiar en cinco países de la región, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Guatemala, abordaron el análisis de la situación actual de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria – ACFC, en torno a los siete pilares establecidos por el decenio. En meses anteriores presentamos los informes de Ecuador y Argentina, ahora es el turno para saber que ha pasado en estos otros tres países de la región.
Colombia.
En Colombia se identificó que hay 7,5 millones de hombres y 6.8 millones de mujeres que se identifica como un sujeto de la ACFC y constituyen más de una tercera parte de la población colombiana.
En el año 2017 se adoptó la resolución Ministerial 474 que estableción los lineamientos de política pública para la agricultura familiar.
El acuerdo de Paz: Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en su punto 1 Reforma Rural Integral, representó una gran oportunidad para avanzar en políticas públicas pertinentes para superar las brechas de inequidad y exclusión de la ruralidad colombiana, sin embargo los avances en la implementación de este punto son muy bajos.
La Ley 1876/2017, creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, sin embargo aun hace falta su reglamentación.
La Resolución 06 de 2020 adoptó el Plan Nacional para la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y comunitaria o ley de compras públicas, pero esta resolución no contó con la participación de las organizaciones de la ACFC y hay muchas observaciones y críticas a lo que esta ley estableció.
Por otro lado se evidencia constantes cambios y dispersión institucional lo que hace que los avances en la implementación de los lineamientos, programas y proyectos sea lenta, segmentada y focalizada en pocos actores.
Perú.
En Perú se identificó que el 97% de las unidades productivas son de ACFC y ésta genera el 86% del valor monetario y el 83% del empleo de los hogares que habitan en las zonas rurales. En el año 2014 se estableció la Comisión Multisectorial de la Agricultura Familiar figura de carácter temporal que posteriormente con la resolución Suprema N° 121-2014-PCM declara de interés público la Agricultura Familiar. En el 2015 se establece la Estrategia Nacional de ACFC (2015-2021) y se aprueba la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, número 30355. Luego en el año 2019 se concreta el Plan Nacional de Agricultura Familiar y en el año 2020 se promulga la Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, número 31071. Todos estos desarrollos legislativos en materia de políticas públicas sin lugar a dudas son un gran avance sin embargo existe una gran limitante para su implementación y es la asignación de presupuestos adecuados y sufiencientes para avanzar con lo allí establecido.
Guatemala.
En Guatemala se identifico que 4,805,000 personas dependen exclusivamente de la producción agropecuaria y el 100% de familias rurales producen alimentos para el autoconsumo asegurando así sus posibilidades de seguridad y soberanía
El 70% de los alimentos que se consumen el país proviene de la ACFC.
Guatemala cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Rural Integral PNDRI y una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las cuales hacen mención a la agricultura familiar como base para su implementación.
Actualmente y por presión de las mujeres organizadas de la agricultura familiar se está trabajando en la construcción de una Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales PNPDIM y en una iniciativa legislativa (Ley 4947) que debería facilitar el impulso de la ACFC e indígena.
Existe una institucionalidad encargada para avanzar en políticas y programas para fortalecer la ACFC encabezada por Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA, sin embargo, en el último tiempo esta institucionalidad ha centrado su atención más en programas y políticas para los sectores agroindustriales y cada vez reduce más los presupuestos para atender a la agricultura familiar e indígena.