Argentina, crisis de Agricultura Familiar
Autor: Pablo Frére – Secretario Ejecutivo – Redes Chaco
El gobierno argentino que ganó las elecciones y asumió en diciembre pasado, se ha caracterizado por anunciar y pretender hacer un ajuste fiscal en las cuentas públicas que, de hecho, están bastante descolocadas desde hace décadas.
Entre las medidas que viene tomando, están las que anunciaron el cierre de una serie de organismos clave para la asistencia técnica al sector rural campesino indígena, entre ellos EL Instituto de Agricultura Familiar Campesino Indígena (INAFCI), el programa Pro-Huerta, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la falta de financiamiento en el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el Servicio de Sanidad Animal (SENASA). Y a ello se debe agregar la amenaza de cierre, desmantelamiento o desfinanciación de organismos como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICET) el Instituto Nacional contra la discriminación (INADI), entre otros. Además, los anuncios oficiales se hacen señalando la condición de “no trabajadores” a sus integrantes por lo que, a la pérdida del trabajo, se le suma la denigración de las personas ante la sociedad.
Como dijimos desde la Coalición Nacional por la Tierra Argentina, esta situación impacta negativamente en las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, así como en la ciudadanía argentina en su conjunto, impacto que dejará secuelas graves a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Al momento, el incumplimiento de lo previsto en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar N° 27118, desfinancia a un sector ya muy castigado, pese a que es crucial para el desarrollo económico nacional.
La Agricultura familiar es un sector productivo estratégico de Argentina pues garantiza el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural. En la Argentina, el 75% de los productores son agricultores familiares (Fuente: Orsini, FCE, UNER 2019), es decir, son más de 2 millones de personas distribuidas en más de 250.000 establecimientos productivos, que son responsables del 25% de la producción total del país y del trabajo del 19% del área cultivable. Es la principal fuente de producción de alimentos sanos que se consumen en todos los mercados de cercanía de nuestro país.
No solo quienes integran la ILC han manifestado la gran preocupación, muchas entidades del sector agropecuario, la Conferencia Episcopal Argentina y vastos sectores políticos han señalado los perjuicios de estas medidas.
Esperamos que las autoridades escuchen el llamado a no modificar políticas que han sido beneficiosas para los sectores más vulnerables entre ellos el de la Agricultura familiar, campesina e indígena quienes gracias a sus luchas habían logrado importantes avances para su fortalecimiento en materia de tenencia de la tierra, la producción de alimentos sanos y la comercialización en los sectores populares, mejorando el ingreso de millones de personas en todo el país. Estos avances se encuentran hoy en peligro.
La Coalición Nacional Por La Tierra, ha emitido un pronunciamiento que también queremos dar a conocer en esta edición del boletín a continuación el pronunciamiento.
Pronunciamiento ENI Argentina
Desde la Coalición Nacional por la Tierra Argentina, plataforma que nuclea a más de 40 organizaciones del sector campesino, indígena y del ámbito rural, creemos importante manifestarnos respecto al marcado proceso de deterioro de las políticas dirigidas al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena desde los últimos años, que se profundizó en los últimos tiempos.
Esta situación impacta negativamente en las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, así como en la ciudadanía argentina en su conjunto, impacto que dejará secuelas graves a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Al momento, el incumplimiento de lo previsto en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar n° 27118, desfinancia a un sector ya muy castigado, pese a que es crucial para el desarrollo económico nacional.
Cabe señalar que dicha ley fue conseguida tras muchos años de reclamos y luchas por parte de incontables organizaciones, movimientos y comunidades rurales del país, muchas de ellas miembros de la CNT. Pese a su necesidad y relevancia, su reglamentación fue postergada por años por los distintos gobiernos; hubo un tibio avance en 2023 y actualmente se volvió a retroceder en sus alcances.
Para nosotros, la Agricultura familiar es un sector productivo estratégico de nuestro país, pues garantiza el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural. En la Argentina, el 75% de los productores son agricultores familiares (Fuente: Orsini, FCE, UNER 2019), es decir, son más de 2 millones de personas distribuidas en más de 250.000 establecimientos productivos, que son responsables del 25% de la producción total del país y del trabajo del 19% del área cultivable. Es la principal fuente de producción de alimentos sanos que se consumen en todos los mercados de cercanía de nuestro país. Es decir que la agricultura familiar es el campo que alimenta, brinda productos de calidad y alimentos accesibles para el propio consumo de las familias rurales e incluso para la sociedad en general. Las comunidades y familias, indígenas y campesinas son los guardianes de la tierra, el agua, los territorios y los bienes naturales de nuestro país y son quiénes actualmente realizan prácticas productivas amigables con el medio ambiente, tendientes a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Por eso, consideramos peligroso que se avance con el cierre, desfinanciación o desjerarquización de los organismos para el sector rural como INAFCI, INTA, SENASA, PROHUERTA sin el análisis adecuado. Todo lo referido a este sector, debe depender de la secretaría de Agrobioindustria, por ser su ámbito natural, y las decisiones que se tomen deben considerar a todos los actores involucrados.
En este marco solicitamos:
La definición de una POLÍTICA ESPECÍFICA Y EFECTIVA para el sector y cumplimiento y reglamentación de la Ley 27.118 de-Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y de la Ley 26.737, Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
Un funcionamiento efectivo y presupuestos acordes para las instituciones para el sector, capaces de atender las necesidades de estos grupos, en el ámbito de la Secretaría de Agroindustria, así como también el reconocimiento, continuidad y mejora de las políticas existentes que permitan prosperar a aquellos que viven de la tierra.
Fortalecer los equipos técnicos del Estado para el sector rural, ya que desde las comunidades se reconoce el aporte fundamental de la asesoría técnica para el trabajo en los territorios.
Requerimos también la continuidad del trabajo del Consejo Federal de Agricultura Familiar, pues asegura la participación de las comunidades en la toma de decisiones y de su efectiva articulación con la comunidad y la sociedad civil. Es además un espacio de relacionamiento regional, en el ámbito de la REAF MERCOSUR, importante para pensar estrategias más amplias.
Nos ponemos a disposición para reunirnos con las autoridades, para expresar estas preocupaciones y encontrar soluciones posibles que fortalezcan al sector rural en nuestro país.
Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina